Declaran funcionarios por explotación sexual de reas

Declaran funcionarios por explotación sexual de reas

 Noticias De Mexico (actualidad)

MÉXICO (Notimex).— Los directores jurídico y del centro escolar del Penal Femenil de Tepepan,
Ricardo Márquez Hernández y Carlos Retana Jiménez, respectivamente, quedaron a disposición del Ministerio Público acusados por una interna de explotación sexual.

Autoridades de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) informaron que los servidores públicos declaran en calidad de presentados ante la Fiscalía para Servidores Públicos y en las próximas horas se resolverá su situación jurídica.

La interna María Parés acusó a esos funcionarios en el marco de las investigaciones que se iniciaron por la presunta operación de una red de trata de internas en penales capitalinos.

Según la averiguación previa FSP/B/T1/810/10-04, Retana Jiménez proponía encuentros sexuales a la denunciante a cambio de permitirle fungir como asesora en el centro escolar.

De acuerdo con María Parés el funcionario hacía lo mismo con otras reas que querían privilegios o que no las enviaran a celdas de castigo.

Respecto a Márquez Hernández, indicó que en marzo del año pasado obligó a una interna a sostener encuentros íntimos y procedía de la misma forma con reas que querían saber el estado de sus procesos.

La denunciante sostuvo en su momento que presas intercambian sexo por drogas con el personal de custodia, situación que es del conocimiento de las autoridades del centro penitenciario.

Cabe señalar que luego de haber presentado su denuncia María Parés  sufrió una agresión en su dormitorio donde aparentemente varias internas la golpearon.

Ese hecho motivó su traslado de Tepepan al penal femenil de Santa Martha Acatitla y que la Comisión de Derechos Humanos capitalina iniciara una queja de oficio para investigar probables represalias.

La Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) definirá en las próximas horas la situación jurídica de los funcionarios mencionados y no se descarta la posibilidad de que se solicite una orden de arraigo a un juez.